24 de Abril 2007 - Managua, Nicaragua

Prueba de texto q aumenta


FotoGilda Charlotte Sánchez Padilla


Desde el año 2005 el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha realizado diferentes estudios actuariales para medir la sostenibilidad del sistema de pensiones bajo las condiciones actuales de adscripción y beneficios del sistema. Los estudios revelan que el sistema colapsaría en 2021 de no incluirse los asegurados inactivos y de incluirse éstos, el colapso ocurriría en el 2017.

Ante esta problemática el INSS ha generado 9 opciones de reforma al sistema de pensiones actual, el análisis de cada una de estas opciones por parte de la Comisión Interinstitucional formada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha desembocado en una propuesta general que tiene diferentes implicaciones económicas y sociales en la actualidad y en el futuro.

Las propuestas de reforma al sistema de pensiones



Inevitablemente las diferentes alternativas de reforma incluyen el aumento de la cotización para el componente invalidez, vejez y muerte (IVM), la magnitud del aumento varía en función de la combinación con cambios en otros parámetros como la edad de jubilación, la ampliación de cobertura, la tasa de sustitución (es decir la proporción del salario promedio al que equivale la pensión), la forma de cálculo de la pensión y el techo de cotización. De forma que la tasa de cotización va desde 24.7% sin realizar modificaciones en ninguno de los parámetros (opción 1), hasta 12.15% variando todos los demás parámetros (opción 9) (ver Tabla 1).

Aumento de la cotización, un estímulo a la informalidad



Aumentar la tasa de cotización al régimen IVM es una medida necesaria para el ajuste financiero del sistema. Sin embargo, su modificación no debe ser extrema como en algunas opciones de reforma se prevé (entre el 24.7% y el 16.4% del salario), porque implica un impacto negativo en el aumento de la cobertura de la seguridad social, al desincentivar la contratación de personal de manera formal y permanente, por verse aumentado el costo de la mano de obra a través del aumento del pago patronal correspondiente. Por otro lado, al incrementarse las tasas de cotización la aportación de los trabajadores también se incrementaría incidiendo negativamente sobre su bienestar, si no se ajusta progresiva y equiparablemente su salario.

Además, reforzaría la informalidad del mercado laboral nacional (en 2010 el 75.3% de las PEA se ocupaba en el sector informal de la economía, según FIDEG), que suministra un ingreso generalmente de subsistencia para los trabajadores, afectando no solo su bienestar actual, sino también su calidad de vida futura al impedirles ser beneficiarios del sistema de seguridad social. Por otro lado, incentivaría la sub-declaración de ingresos por parte de los trabajadores por cuenta propia que se afilian al régimen facultativo y la declaración salarial de los empleados formales actuales, como medio de disminución de costos; lo que al final impacta negativamente en la pensión que el trabajador llegue a recibir en su vejez.

Más años de trabajo para llegar a jubilarse



En la propuesta final de la Comisión Interinstitucional y en la mayoría de las nueve opciones propuestas, se plantea aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, ésta se iría ajustando cada 2 años, partiendo de los nacidos en 1967 (que en 2012 tendrán 45 años). Esta medida disminuye en gran manera la brecha entre ingresos por cotización y gastos por pensiones y por ende implica una tasa de cotización menor, pero esto no implica que sea la más viable para los trabajadores.

A diferencia de los países europeos donde la expectativa y la esperanza de vida es elevada y crece rápidamente, en Nicaragua solo un 23.2% de cada generación de trabajadores que se aseguraron entre 1960 y 1971 logró jubilarse (llegó a los 60 años de edad). Al respecto los asegurados actuales se verían afectados debido a que la esperanza de vida promedio incluyendo los diferentes grupos etarios de los actuales cotizantes (entre los 19 y 59 años de edad) es de 55.8 años, aproximadamente 10 años menor a la edad de jubilación propuesta(1). La esperanza de vida al nacer comienza a ser significativamente mayor para los nacidos después de 1995 y no es hasta en 2015 que este indicador es 15 años y 10 años superior a la edad de jubilación actual y propuesta respectivamente.

Un techo que cubra más gente



El sistema de seguridad social actual incluye un techo de cotización de C,518.00, la propuesta de la Comisión Interinstitucional es realizar un ajuste del techo actual en función de los aumentos de los salarios, de modo que se pueda abarcar a la mayor parte de la población ocupada para aportar al sistema. No obstante, ajustar el techo salarial de cotización implica un aumento en los gastos en pensiones, ya que el promedio salarial sobre el cual se calcula la pensión sería mayor; de modo que el beneficio obtenido al ampliar el techo de cotización no es tan elevado. Por ejemplo manteniendo las mismas condiciones del sistema actual y solo modificando el techo salarial la tasa de cotización requerida es de 23.5%, solo 1.2 puntos porcentuales menos a los necesarios sin reformar ninguna variable del sistema. Pese a esta debilidad, es una medida positiva en cuanto a la amplitud de los ingresos por cotización y su efecto negativo puede ser paleado manteniendo una pensión máxima.

Una pensión en base al salario promedio de toda la vida laboral



Debido a que generalmente las personas perciben ingresos bajos o medios en los primeros años de su vida laboral y estos aumentan hasta alcanzar un máximo a medida que aumenta la experiencia, ampliar la base de cálculo de la pensión de los últimos 5 años cotizados al promedio de toda la vida laboral, tiene dos efectos negativos en el valor de la pensión: (i) Al considerarse más años, el salario promedio se hace menor y por ende también la pensión a recibir; (ii) el dinero pierde valor real a través del tiempo. Por ejemplo en los últimos 15 años el salario nominal promedio de los afiliados al INSS aunque se ha triplicado, en 2011 equivalía al 85.8% del salario promedio de 1996, evidenciándose una disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores en 14.25%, según datos del BCN; esta disminución sería aun mayor durante toda la vida laboral de los asegurados.

Mantener la tasa de sustitución VS Aumentar la cantidad de años cotizados



Actualmente la pensión por vejez se calcula como el 70% del salario promedio de los últimos 5 años cotizados y equivale a un promedio de C,833.80 mensuales con los cuales se beneficia a un total de 55,102 jubilados, según datos del Anuario Estadístico 2010 del INSS. La pensión promedio en 2010 equivalía al 62% del salario promedio de ese mismo año, era 20% superior al salario mínimo aunque solo permitía suplir el 39% del costo de la canasta básica. Para mantener esta tasa de reemplazo (proporción del salario al que equivale la pensión) la propuesta de reforma plantea que los años de cotización se amplíen de 15 (750 semanas) a 30 (1500 semanas), considerando que los actuales jubilados han cotizado un promedio de 24 años. Al respecto se debe considerar que debido a la estructura del mercado laboral nacional, es difícil encontrar y permanecer en un trabajo formal durante 15 años o más.

Reforma al sistema de pensiones: un Gran reto



La propuesta final hasta ahora conocida y que está siendo discutida por la Comisión Interinstitucional establece una tasa de cotización al régimen IVM de 13%; que si bien es una contribución moderada y similar a la actual, su obtención implica elementos desventajosos para la población trabajadora, también presenta elementos positivos que deben mantenerse como: el aumento del techo salarial de cotización y el mantenimiento de la tasa de sustitución en 70% del salario promedio. Además, la propuesta incluye un segundo pilar de capitalización individual de afiliación voluntaria, a ser administrado por el INSS.

Según el estudio de financiamiento del sistema de pensiones nacional realizado por la CEPAL en 2009, en Nicaragua había 39.9% de la población trabajadora con potencial de cotizar no afiliados al INSS en 2005, la mayoría de ellos eran trabajadores informales pertenecientes al 40% de la población con mayores ingresos, lo cual representan una pérdida significativa de ingresos para el sistema de pensiones. No obstante, existe un 27.9% de la población ocupada que no tiene capacidad de cotizar, quedando excluida del actual sistema y de su propuesta de reforma, lo que implica el empeoramiento de las condiciones de vida de estas personas pertenecientes al 60% de la población con menores ingresos, quienes probablemente se ubiquen debajo del umbral de pobreza en su vejez. Aumentar la cobertura del sistema es la clave para su sobrevivencia en el mediano plazo.

De igual modo cabría la posibilidad de aumentar los años cotizados, pero no considerando por encima del promedio, más bien podría ampliarse de manera gradual en función de la moda (mayor cantidad de repeticiones) de años cotizados por encima de los 15 años actuales, de esta manera también se disminuiría el gasto por ajuste en pensiones por años extras cotizados. De este modo podría mantenerse la edad de jubilación en 60 años y plantear un aumento de la misma hasta después de 2035 cuando quienes tienen esperanza de vida mayor a 70 años estarán en edad de trabajar; o bien mantener el aumento progresivo de la edad de jubilación pero por períodos más largos.

Mientras, fomentar el ahorro personal debería ser una estrategia de sostenimiento de largo plazo, de modo que el sistema de reparto actúe como generador de un ingreso base y las personas puedan optar a un ingreso complementario estable. Paralelo a esto el estado podría propiciar a los trabajadores sin potencial de cotizar a través de una asignación presupuestaria una pensión básica equivalente a la línea de la pobreza, a fin de que el sistema de pensiones funcione para todos los grupos de población como un instrumento de mantenimiento inter-temporal de la calidad de vida.

Notas:
(1)Todos los datos de esperanza de vida corresponden a la esperanza de vida vigente en el año de nacimiento del grupo etario a considerar, según las Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, Departamental, y Municipal, revisión 2007 realizadas por el INIDE.