24 de Abril 2007 - Managua, Nicaragua

Prueba de texto q aumenta


FotoGilda Charlotte Sánchez Padilla


En nuestro ciclo de vida todos experimentamos tres diferentes etapas, una inicial en la que no acumulamos riqueza ni la producimos, porque no tenemos capacidad para hacerlo, como niños o adolescentes. El segundo período de nuestra vida (y el más largo) es cuando tenemos la capacidad de generar riqueza a través del aporte a la producción mediante el trabajo, y podemos ahorrar y sustentar las necesidades de personas que están a nuestro cargo y son por sus características intrínsecas económicamente dependientes, por ejemplo los hijos. En la última parte de nuestra vida volvemos a un periodo de desacumulación ya que debemos retirarnos de las nuestras labores pero seguimos consumiendo.

Desde el siglo XIX se viene dando forma a la seguridad social entendida como un sistema de respuesta a las eventualidades temporales (riesgo profesional, enfermedad, desempleo, maternidad) o permanentes de la vida (invalidez, vejez, muerte); las cuales impiden o incapacitan a las personas de trabajar. De manera que este sistema busca financiar las necesidades de consumo o producción de estas personas y sus dependientes a través de -o implicando- la existencia de un ahorro (nacional o personal) para la satisfacción de estas necesidades. Aunque esta ha sido tradicionalmente concebida como una responsabilidad del estado, últimamente ha sido transferida a instituciones privadas y a los individuos por problemas de solvencia financiera y operatividad, casos en los que el estado se limita a un papel regulador.

En Nicaragua la seguridad social es un derecho constitucional a cargo del estado en favor de todos los ciudadanos nicaragüenses. En el artículo 61 de la Constitución Nacional de la República se lee: “El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”.Al respecto desde 1982 se creó el Instituto Nacional de Seguridad Social y el sistema de seguridad social nacional que opera como un sistema de primas escalonadas, la cual busca un equilibrio entre el monto de pensiones y las contribuciones necesarias para su obtención, que se ajustan por periodos de tiempo, financiado por contribuciones definidas, o cotizaciones de los trabajadores, empleadores y el estado, con una pensión que varía en función del salario cotizado y una tasa de sustitución (pensión promedio entre salarios promedio) específica.

El sistema de seguridad social nacional está compuesto por varios componentes: uno de ellos es el de seguridad previsional que abarca el seguro de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales y otro es el componente de pensiones de invalidez, vejez, muerte (IVM). Estos beneficios se obtienen mediante la adhesión a uno de los regímenes de seguridad social: el obligatorio que abarca seguro de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales, y el opcional que incluye todos los anteriores más las prestaciones por enfermedad y maternidad.

Específicamente el sistema de pensiones (componente IVM) está en aras de ser modificado, intensiones observadas desde el año 2000 cuando se aprobó la Ley No. 340, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que mandaba una reforma estructural que transformaría el sistema de pensiones en un sistema de ahorro de capitalización individual. Sin embargo, este cambio no se concretizó debido a que estudios del FMI y la presidencia de la República(1) encontraron costos fiscales de transición demasiado elevados e insostenibles.

No obstante, a partir de 2005 se realizaron una serie variaciones: (i) Se redujo el tope de la tasa de reemplazo o sustitución (de ,500 a ,500); es decir el porcentaje del salario promedio obtenido durante los años cotizados al que equivale la pensión. (ii) Se ajustó el tope de cotización salarial a ,500. (iii) Se implementó el sistema de ajuste periódico de las pensiones, lo que implica un ajuste anual de la pensión por devaluación de la moneda, acción que reporta un beneficio a los pensionados respecto a su ingreso real percibido, ya que según el Banco Central de Nicaragua (BCN) este factor en conjunto con la inflación importada son los elementos de mayor incidencia en el aumento de los precios nacionales y por ende en el valor real del dinero.

El sistema sufrió un último ajuste en los parámetros de contribución en 2009 con el fin de mantener el equilibrio y la solvencia financiera. Pese a estas modificaciones, por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresados en el Programa Económico Financiero el estado ha planteado una nueva reforma del sistema en 2012.

¿Es realmente necesaria la reforma al sistema de seguridad social?



El argumento del gobierno para reformar el sistema de pensiones se basa en la insostenibilidad financiera que desencadena el proceso de envejecimiento de la población, puesto que la última valuación actuarial externa de sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) del INSS completada en Julio de 2009 indica que bajo las condiciones actuales de crecimiento de la cobertura y tendencia creciente de la cantidad de jubilados, el sistema se volvería insolvente en 2021 sin incluirse los jubilados inactivos; si estos se incluyen el sistema colapsaría en 2017.

Lo anterior debido a que mantener la misma tasa de cotización para el régimen IVM (11%) y la misma tasa de sustitución de la pensión por vejez (70.4% del salario promedio del periodo considerado en el cálculo, últimos 5 o 10 años actualmente) para una mayor cantidad de pensionados por igual o un poco mayor número de cotizantes, generaría un aumento exponencial de los gastos por pensiones y por ende un saldo deudor insostenible.

Actualmente la mayoría de la población es joven y está en edad de trabajar (59.2% de la población en 2010 tenía entre 15 y 59 años). En 2010 existían 6.5 personas económicamente activas (PEA) por cada persona mayor de 60 años(2); mientras que ese mismo año habían 9.7 cotizantes por cada jubilado y 6.1 cotizantes por cada pensionado (incluye todos los tipos de pensión además de la de vejez)(3). Pero esta tendencia disminuirá a partir de 2040 cuando el bono demográfico alcance su plenitud, según las Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, Departamental, y Municipal, revisión 2007 realizadas por el INIDE; lo que es congruente con que hasta 2050 se observa una marcada disminución de la relación entre cotizante y pensionado, decreciendo hasta 2.3 cotizantes por pensionado.

Esta diferencia en cuanto a la relación entre cotizantes y pensionados en base a las estimaciones del INSS y el análisis de la tendencia demográfica y ocupacional de la población nicaragüense, descansa en que el escenario de las estimaciones actuariales realizadas por el INSS plantean una tasa de crecimiento anual de la cobertura de la seguridad social de 0.5%(4), según declaraciones del Licenciado Roger Murillo miembro del Comité Interinstitucional Para la Reforma al Sistema de Pensiones; es decir, manteniendo niveles mínimos de afiliación de trabajadores formales al sistema de seguridad social.

En 2010 solo el 19% la población económicamente activa (PEA) y 20.6% de la población económicamente activa ocupada (PEAO) cotizaban al seguro social, observándose una disminución respecto a 2005 cuando cotizaba el 21.7% y 22.7% respectivamente. Esta proporción de los trabajadores con acceso a la seguridad social, en 2005 estaba fundamentalmente constituida por personas no pobres (82.7%) sobresaliendo que un 44% de los asegurados pertenecían al 20% de la población con mayores ingresos y el 40% de la población con ingresos más bajos solo representaba el 12% del total de cotizantes, según estimaciones brindadas en el Foro: Retos del Sistema de Pensiones en Nicaragua por el economista Adolfo Acevedo. Esta estructura del sistema dejaba desprotegido al 42.3% de personas que eran pobres en 2005, quienes de llegar a la vejez mantendrán un nivel de vida precario.

La afiliación de trabajadores a la seguridad social ha crecido como promedio anual 6.1% durante los últimos 10 años, en una proporción de 2 veces el aumento promedio de la producción nacional (el PIB real ha crecido 3% como promedio anual en los últimos 10 años). No obstante, el crecimiento promedio anual casi inercial (0.2%) de la cobertura de la seguridad social, aunado a la estructura del mercado laboral eminentemente informal (el 75.3% de la población económicamente activa se ocupa en empleos informales, según datos de FIDEG 2010), genera bajos niveles de cobertura. El sistema de pensiones ha tenido este problema desde sus inicios y sumado a la baja esperanza de vida que tenían las personas que nacieron antes de 1950 (que son los jubilados de hoy) ha provocado que en 2010 solo el 15.5% (55,122 personas que representan el 62.7% del total de pensiones otorgadas por el INSS) de los adultos mayores de 60 años reciban una pensión de vejez.

Sí hay necesidad, pero de una reforma pertinente



El envejecimiento de la población y la disminución en la razón cotizante por pensionado significa un enorme reto para el sistema de pensiones nacional si no se aumentan los niveles de cobertura. De modo que se hace indispensable ajustar el sistema para poder cubrir con los gastos de las pensiones; tarea que no debería basarse solo en ajustes de parámetros, sino resolver ampliar la cobertura a la mayoría de la población, lo que generaría mayores ingresos y disminuiría la vulnerabilidad de las personas mayores, ayudándolas a mantener un nivel de vida estable y no caer en la pobreza.

Esto puede lograrse mediante mecanismos de inserción de los trabajadores formales que no cotizan y los trabajadores informales con capacidad de cotizar, cuya inclusión según el estudio: Financiamiento de la Protección Social de las Pensiones en Nicaragua, realizado por la CEPAL en 2009 significa una cobertura adicional del 39.9% de la PEA mayor de 18 años. La cobertura también puede ser ampliada mediante la contribución directa del estado financiada indirectamente a través del impuesto sobre la renta, como en el sistema de Nueva Zelanda; pero para esto sería necesaria primero una reforma fiscal progresiva.

De igual modo, puede plantearse un sistema de pensiones de varios pilares y no solo de reparto (como en la actualidad). Así mismo, la existencia de un sistema de pensiones no contributivo, paralelo a un sistema de capitalización individual voluntaria y un sistema contributivo obligatorio administrado por reparto, podría ser una alternativa viable ante los retos actuales de la seguridad social. Cualquiera que sea la alternativa de ajuste del sistema que se adopte, debe pensarse y consensuarse bien a fin de que no perjudique ni excluya a la mayoría de la población; sino que cumpla eficientemente con su objetivo social y económico.

Notas:
(1)Ver Ley 568, Ley de derogación de la Ley No. 340, Ley de sistema de ahorro para pensiones y Ley No. 388, Ley orgánica de la superintendencia de pensiones. También ver explicación en el Programa Económico Financiero 2007-2010 remitido por el Banco Central de Nicaragua (BCN) al Fondo Monetario Internacional (FMI).
(2)Calculado por El Observador Económico en base a datos del INIDE y datos de PEA recopilados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
(3)Calculado por El Observador Económico en base a datos del INSS y el BCN.
(4)El Comité Interinstitucional para la Reforma al Sistema de Pensiones Nacional está conformado por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Central de Nicaragua (BCN) y su objetivo es analizar y discutir las propuestas y alternativas de reforma para presentar una propuesta definitiva que debe ser aprobada en 2012 según acuerdos con el FMI.