26 de enero de 2009 - Managua, Nicaragua
En 2009, la prioridad es defender el empleo

Las condiciones de la economía mundial están mostrando que el año 2009 traerá una fuerte contracción en las economías centroamericanas, dependientes de las exportaciones, de la ayuda internacional, de las remesas familiares, así como del turismo y de las inversiones. Cada uno de estos factores sufrirá inevitablemente en el contexto actual, por lo que se hace necesario redefinir algunos elementos de la política económica y social actual, de manera que podamos enfrentar en mejor forma la reducción de estas actividades, y evitar así la pérdida de empleos en la economía nacional.

El objetivo central es la defensa del empleo. Este mismo objetivo requiere entonces una gama de acciones que contribuyan a reducir las tendencias negativas, que afectarían la economía nacional. Desatando el aparato productivo nacional , y creando condiciones que reduzcan los costos y gastos operativos del país, para hacerlo más competitivo y continuar exportando.

Para poder hacer lo anterior, se necesita como punto PRIMORDIAL preservar la estabilidad macroeconómica, para lo cual se requiere un presupuesto que no exceda del 0.5% del PIB en su déficit global. Eso implica que el Presupuesto también requiere una reorientación, enfatizando más los aspectos de creación de empleos y sostenimiento de los mismos, por encima de los proyectos de índole únicamente social. También requiere que tenga su total financiamiento asegurado, tanto con los recursos propios como con los recursos de la cooperación internacional. Siendo el eje más importante en las actuales circunstancias la inversión del presupuesto en infraestructura y construcción.

Paralelamente se requiere una nueva visión agresiva del país que permita desatar las fuerzas productivas y las inversiones tanto locales como extranjeras. Para ello se proponen las siguientes acciones: 1. Propiciar la inversión en el país, dándole al sector empresarial nuevas condiciones, que incluyen entre otras cosas, considerar toda operación industrial con capacidad de exportación que esté amparado a un régimen de zona franca, donde se le otorgue para los próximos diez años los beneficios de exención de impuestos. Esto conducirá obligatoriamente a darle un mayor margen para poder competir en el mercado mundial con costos menores, al mismo tiempo que se crean puestos de empleo. Lo anterior implica aplazar por los próximos dos años una discusión de reforma tributaria. 2. Revisar la política salarial para modificar la actual ley que mandata el ajuste dos veces por año del salario mínimo. Ya que el mismo conlleva una alza en cadena de toda la tabla salarial que por el momento no se puede continuar aplicando. 3. Simplificar los trámites de aduana para facilitar las operaciones de exportación e importación en el país. 4. Redirigir todo el esfuerzo de inversión pública hacia reparación y creación de nueva infraestructura, de caminos, carreteras, energía, que permitan complementar el esfuerzo de incentivar la producción exportable.

Nuestra meta en los dos próximos años debe ser garantizar los actuales puestos de trabajo para la gente, así como crear nuevas fuentes de empleo.

La pérdida de ingresos fiscales que teóricamente podría provocar está visión, y que puedan argumentar algunos sectores críticos, tendrá que verse con el prisma de que “no hay pérdida cuando en riesgo están inclusive las operaciones existentes”.

Además, por otra parte, hay que garantizar que la ayuda externa continúe fluyendo normalmente, para que se pueda empujar esta estrategia con esos recursos externos.

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