9 de octubre de 2012 - Managua, Nicaragua

Artículo realizado para entrevista brindada a El Nuevo Diario


FotoGilda Charlotte Sánchez Padilla

Desde que a finales del año 2011 se anunciara el propósito de realizar una reforma en el sistema de pensiones nacional, el tema ha despertado el interés de la mayoría de los nicaragüenses de diferentes sectores, especialmente los asalariados jóvenes que se acaban de integrar al sistema y de los trabajadores a quienes les faltan pocos años para jubilarse. Esto debido a que las modificaciones que se hagan afectaran en diferentes formas a cada persona económicamente activa. Una de las más grandes interrogantes al respecto es: ¿realmente el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social requiere una reforma? a fin de poder contestar esta pregunta, tratamos de abordar de forma breve la realidad del INSS en los últimos años.

Condición actual del INSS



Durante los últimos 10 años los ingresos percibidos por el INSS han aumentado de manera constante. Como es de esperar, la mayor parte (88.5% en promedio) de estos ingresos proviene de las contribuciones sociales de los trabajadores, empleadores y el Estado. No obstante, las cotizaciones disminuyeron su participación a partir del año 2006 en parte debido al mayor dinamismo de los rendimientos por inversiones. En 2011 las contribuciones sociales representaron el 86.7% de los ingresos totales, mientras que hasta mayo del presente año equivalían al 91.7%.

Si bien en la última década los gastos del INSS han mostrado un dinamismo menor al de los ingresos, los pagos en prestaciones sociales (60.5% de los egresos sin incluir la adquisición neta de activos no financieros) han venido disminuyendo desde 2004, contrario a lo que ha sucedido con todos los demás gastos operativos, debido a que el INSS ha emprendido un dinámico proceso de adquisición de activos (principalmente físicos) implicando mayores gastos administrativos. Pese a esto, es positivo resaltar que a lo largo de los últimos diez años el INSS ha tenido un resultado operativo neto positivo, registrando un aumento promedio anual de 9.9%.

A diciembre de 2011 el INSS contaba con 19,374 millones de córdobas en activos, de los cuales 8.5% equivalía a cuentas por cobrar al gobierno (11.9% más que en 2010), una magnitud similar representan las cuentas por cobrar a los empleadores. Mientras que la cartera de inversiones representaba el 70.3% (12.1% más que en 2010). Por otro lado, el INSS tenía una obligación con los pensionados por 4,635.21 millones de córdobas en el corto plazo, (17.9% más que en 2010), la cual puede cubrir con el 46.6% de sus reservas técnicas para 2011. Aunque esta relación disminuyó respecto a 2010, las reservas técnicas acumularon un incremento de 2,128.37 millones de córdobas respecto al mismo año.

Se necesita una reforma en el mediano plazo



La tendencia positiva del resultado neto operativo, el superávit efectivo y la consecuente acumulación de reservas técnicas, permite afirmar que actualmente el INSS cuenta con capacidad de cubrir sus operaciones de una manera viable en el corto plazo. Sin embargo, en un sistema de reparto como el nuestro, en el cual las aportaciones de los trabajadores actuales se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales, la reforma tarde o temprano se debe realizar, porque a medida que la población envejece la proporción de ocupados jóvenes que cotiza disminuye respecto a la cantidad de personas mayores que requieren una pensión.

El envejecimiento de la población y la disminución en la razón cotizante por pensionado significa un enorme reto para el sistema de pensiones nacional si no se aumentan los niveles de cobertura. Según las estimaciones demográficas del INIDE para 2010 existían cerca de 10 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor de 60 años, pero se estima que esta relación disminuya progresivamente hasta 6 y 3 en 2025 y 2050, respectivamente. Si tomamos en cuenta que del total de personas en edad de trabajar solo el 66% está económicamente activo y aproximadamente un 92% de ellos está ocupado, de los cuales solo un promedio de 20% cotiza al INSS, la relación entre cotizantes y pensionados es todavía menor, incurriendo en la necesidad de modificaciones en algunos elementos del sistema para su sostenibilidad.

¿Qué pasa si no hay reforma?



Según estimaciones propias, si se mantiene la tendencia de afiliación, de pago de prestaciones y de gastos operativos y de administración actual, el INSS dejará de obtener superávit operativo a partir de 2020, cuando se tendría que comenzar a echar mano de las reservas técnicas acumuladas para el pago de las pensiones, logrando mantener el sistema a flote por aproximadamente 4 años más y a partir de 2024 las reservas serían insuficientes para cumplir con las obligaciones. Esta conclusión concuerda con la mayoría de estudios actuariales - incluyendo un análisis especializado de la CEPAL para Nicaragua- en que el sistema bajo las condiciones actuales puede ser solvente financieramente hasta 2020.

Algunos posibles efectos de la reforma



La propuesta final hasta ahora conocida y que está siendo discutida por la Comisión Interinstitucional establece una tasa de cotización al régimen IVM de 13%, un aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, ésta se iría ajustando cada 2 años, partiendo de los nacidos en 1967 (que en 2012 tendrán 45 años), un incremento de 15 (750 semanas) a 30 años (1500 semanas) cotizados y la ampliación del período de cálculo del salario promedio base para la pensión. No obstante, la propuesta también presenta elementos positivos que deben mantenerse como: el aumento del techo salarial de cotización y el mantenimiento de la tasa de sustitución en 70% del salario promedio. Además, la propuesta incluye un segundo pilar de capitalización individual de afiliación voluntaria, a ser administrado por el INSS.

Si bien es necesario un aumento de la tasa de cotización su aplicación implica un impacto negativo en el aumento de la cobertura de la seguridad social en la medida que este aumento recaiga sobre los empleadores, desincentivando la contratación de personal de manera formal, por verse aumentado el costo de la mano de obra; reforzando así la informalidad del mercado laboral nacional (en 2010 el 75.3% de las PEA se ocupaba en el sector informal de la economía, según FIDEG) y los precarios ingresos obtenidos de este tipo de empleos.

Por otro lado, al incrementarse las tasas de cotización la aportación de los trabajadores también se incrementaría incidiendo negativamente sobre su bienestar, si no se ajusta progresiva y equiparablemente su salario. Lo anterior podría incentivar la sub-declaración de ingresos por parte de los trabajadores por cuenta propia que se afilian al régimen facultativo y la declaración salarial de los empleados formales actuales, como medio de disminución de costos; lo que al final impacta negativamente en la pensión que el trabajador llegue a recibir en su vejez.

Respecto al aumento progresivo de la edad de jubilación los asegurados actuales se verían afectados debido a que la esperanza de vida promedio incluyendo los diferentes grupos de edad de los actuales cotizantes (entre los 19 y 59 años de edad) es de 55.8 años, aproximadamente 10 años menor a la edad de jubilación propuesta, en base a las estimaciones demográficas del INIDE. De este modo es muy probable que la proporción de cada generación de trabajadores que se aseguraron y logra jubilarse disminuya (23.2% de quienes se aseguraron entre 1960 y 1971).

La propuesta de reforma plantea que los años de cotización se amplíen de 15 (750 semanas) a 30 (1500 semanas), considerando que los actuales jubilados han cotizado un promedio de 24 años. Al respecto se debe considerar que debido a la estructura del mercado laboral nacional, es difícil encontrar y permanecer en un trabajo formal durante 15 años o más, lo que implica un efecto negativo en la inclusión de trabajadores al sistema o a sus beneficios en la vejez.

Debido a que generalmente las personas perciben ingresos bajos o medios en los primeros años de su vida laboral y estos aumentan hasta alcanzar un máximo a medida que aumenta la experiencia, ampliar la base de cálculo de la pensión de los últimos 5 años cotizados al promedio de toda la vida laboral, tiene dos efectos negativos en el valor de la pensión: (i) Al considerarse más años, el salario promedio se hace menor y por ende también la pensión a recibir; (ii) el dinero pierde valor real a través del tiempo.

RECUADRO: El papel de la seguridad social para la economía nacional



Desde el siglo XIX se viene dando forma a la seguridad social entendida como un sistema de respuesta a las eventualidades temporales (riesgo profesional, enfermedad, desempleo, maternidad) o permanentes de la vida (invalidez, vejez, muerte); las cuales impiden o incapacitan a las personas de trabajar. De manera que este sistema busca financiar las necesidades de consumo o producción de las personas y sus dependientes a través de -o implicando- la existencia de un ahorro (nacional o personal) para la satisfacción de estas necesidades. Es decir, la seguridad social busca mantener un nivel de vida mínimo y estable durante las diferentes etapas de la vida y ante determinadas circunstancias experimentadas por las personas afiliadas al sistema.

En Nicaragua la seguridad social es un derecho constitucional a cargo del estado en favor de todos los ciudadanos nicaragüenses. En el artículo 61 de la Constitución Nacional de la República se lee: “El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”. La seguridad social evita que una mayor cantidad de personas de la tercera edad caiga en situación de pobreza y desmejore su condición de vida respecto a su edad laboral. De igual manera, facilita el acceso de los trabajadores y sus familias a servicios de salud idealmente de calidad, a la vez que suministra bienes que por su propia cuenta no podrían consumir (por ejemplo prótesis, medicamentos caros, leche para lactantes, etc.) y que impactan en sus condiciones de vida. Por otro lado, las pensiones aportan un flujo constante de dinero que dinamiza el mercado interno a través del consumo nacional.


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